Autonomías: el Estado imposible

 

José Torné-Dombidau y Jiménez

 Ha sido menester padecer una formidable crisis económico-financiera, que agrava el problema, para ver con toda claridad que el Estado de las Autonomías territoriales no como ha sido ideado pero sí plasmado en la realidad política, es insostenible y disfuncional, y de mantenerlo amenaza con lo que se ha llamado el ‘naufragio del Estado’ (J. A. Zarzalejos, “Cambiar el Estado para evitar el naufragio”, 21.7.12).

Hace tiempo que venimos repitiendo, en cuanta ocasión tenemos, que el Estado precisa de lo que podemos llamar una ‘I.T.V.’: es menester reflexionar sobre los problemas que el modelo autonómico presenta y darles adecuada respuesta antes de que las tensiones -que las hay- se agudicen y se toque a rebato.

El Estado autonómico tuvo el origen y la finalidad que sabemos. Fue un transcendental y novedoso pacto constitucional para salir de la dictadura, integrar las diferencias, saciar a los nacionalismos y, para ello, efectuar una profunda descentralización político-administrativa en el cuerpo del Estado.

El invento estaba dando resultado. Incluso se ha ofrecido exportar como un éxito político-constitucional. Pero la ceguera de buena parte de nuestros políticos, el enorme gasto alcanzado, la multiplicidad de órganos, instituciones, competencias y servicios, la insensata emulación entre Comunidades para alcanzar el máximo techo competencial (indefinido por mor del Art. 150.2 CE), la patente deslealtad constitucional de los partidos nacionalistas, todo ello ha conducido al Estado a una triste hora de insoportable economía y a una clara ineficacia que sitúan la pervivencia de España como entidad político-organizativa en franco peligro.

La sintomatología y la etiología de los males del Estado los conocemos: estructuras políticas y administrativas reduplicadas, abultado número de personal eventual o de confianza sin haberse respetado en muchos casos los principios constitucionales de selección, mala distribución de competencias, raquitismo de la Administración del Estado y, contrariamente, elefantiasis autonómica, hasta el punto de creerse mini-Estados escindidos, con legaciones exteriores.

Ahora es menester ajustar estos problemas del modelo autonómico. Los dos grandes partidos mayoritarios, con invitación de todos los demás, deberían pensar sobre estas acuciantes enfermedades del Estado y disponerse a su pronto remedio. Urge un nuevo pacto constitucional que articule territorialmente el Estado y racionalice la gestión, las materias (sanidad, educación, justicia, lenguas,…) y la atribución de competencias. El modelo autonómico -como se ha configurado a los 34 años de la aprobación de la CE- es una fuente de problemas, un galimatías de pura descoordinación, es un monstruo jurídico y político que, de seguir, devorará a sus propios hijos, como Saturno.

Las hipótesis sobre las alternativas de organización territorial del Estado son muchas y muy abiertas. Hay quienes proponen recentralizar el Estado, los menos. Éstos son decididos defensores de la supresión de los gobiernos autónomos y recuperar el tipo de Estado que sólo reconoce su propia Administración y la Local. En el otro lado están quienes anhelan la ruptura, el independentismo, posición que podemos juzgar como inaceptable por injustificada, insolidaria, radical y anacrónica. Hay quienes se inclinan por reformular el Estado autonómico y terminar con aquél “café para todos”, respetando sólo el autogobierno de las que la CE llama -sin nombrarlas- nacionalidades (Cataluña, Vascongadas, Galicia). Otra variante sería la solución italiana de reconocer Regiones con estatuto ordinario (menos competencias) y Regiones de estatuto especial (máximo techo competencial; las nacionalidades). Por último, está el modelo del Estado federal, que proporciona una gran cohesión y armonía al conjunto estatal, pues dispone de unos mecanismos reequilibradores y centrípetos que salvan la integración y la unidad del todo.

Como se ve, los españoles estamos abocados -cada cierto tiempo- a enfrentarnos con el sempiterno problema de la organización territorial del Estado, a la búsqueda de un acomodo general. En la mente de los constituyentes de 1978 dominó la idea de que el reconocimiento de autogobierno a los diferentes territorios de la nación española (Art. 2 CE) solventaría para siempre la batallona e histórica cuestión del ser de España, cuestión a la que pensadores e historiadores de gran talla (Ortega, Sánchez-Albornoz, A. Castro, Azaña) han dedicado no pocos esfuerzos.

Los españoles nos enfrentamos, pues, no sólo a una dura y persistente crisis económica, sino a otra preferente de naturaleza política y constitucional. El reto es solucionar satisfactoriamente las dos. Si fuimos capaces de hacerlo en el siglo pasado, podemos alcanzarlo en el presente. Necesariamente. Con sensatez, con generosidad y altura de miras, con un gran acuerdo. Pensando en las próximas generaciones y no en miopes intereses partidistas. Defendiendo los intereses generales y no los particularismos egoístas, como ya denunció Ortega en los pasados años treinta.

Esta joya que es España, ¿la cuidarían mejor otras manos?

 

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Autor: Redacción

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