La necesaria regeneración política

Por José Torné-Dombidau y Jiménez (Profesor de Derecho Administrativo de la Universidad de Granada)

 Cualquier observador o analista de la realidad española de nuestros días llega a la convicción de que es necesaria y urgente la regeneración de la vida pública, de las instituciones y de la forma de hacer política, por lo menos como se ha venido entendiendo ésta desde la década de los ochenta.

Si algo bueno está teniendo la dura crisis económica desatada en 2007 es que ha puesto a prueba la fortaleza y virtualidad de nuestras instituciones de gobierno y administración.

En esa perspectiva, una crisis, la económica, ha desencadenado otra, la política, que la ha hecho emerger a la superficie. En efecto, sin la penuria y el drama que están causando los ajustes y recortes, la reducción del gasto y la escasez de ingresos públicos, tal vez no nos habríamos cuestionado nada de lo que exponemos ni conoceríamos realmente el grado de descomposición, de irregularidades y falta de ética que, con el debido respeto, por lo general, afecta a nuestros gobernantes, como es ‘vox populi’.

El caso es que seis años más tarde del inicio de esta cruel y duradera época de empobrecimiento generalizado, se nos levanta ante nuestros ojos un panorama político referido a España que pone el cabello de punta hasta al más calvo.

Así, es altamente insatisfactorio el funcionamiento y régimen interior de los partidos políticos, hoy alejados de los afanes y necesidades de los ciudadanos. Se han distanciado del mandato constitucional de democracia, representatividad y transparencia (6 Constitución Española).

Percibimos también como profundamente mejorable el vigente sistema electoral general (LOREG 1985), que no consigue vincular al electo con el elector; que no permite seleccionar a los mejores, y que convierte las listas electorales en apetitoso pasto de los comités de los partidos políticos, consagrando así una clara e inconveniente partitocracia que atosiga hasta la asfixia al ciudadano, restándole libertad y oportunidades. Lo contrario del espíritu constitucional de 1978.

Obsérvase igualmente preocupantes restricciones, cuando no anulación, del esencial principio de división de poderes, principio capital del Estado de Derecho y del sistema jurídico-constitucional fundado sobre la Revolución francesa de 1789, que acabó con el ejercicio absolutista del poder político.

En la práctica española, el Poder ejecutivo se ha convertido en omnipresente y omnipotente: un ejecutivo fuerte que resulta débilmente controlado por el Parlamento. El funcionamiento de éste es más formal que materialmente eficaz, tanto en su papel de foro de resonancia de las aspiraciones de la sociedad como de órgano de seguimiento de la labor gubernamental.

Aquí no acaba el predominio del Gobierno: impone y nombra sus candidatos en los más importantes órganos judiciales y jurisdiccionales (CGPJ, TS y TC), el otro poder del Estado, teóricamente guardián de la legalidad y de la constitucionalidad. Es un escándalo que se pueda hablar de magistrados ‘peperos’ o ‘sociatas’, y, de esa manera, de sus esperadas resoluciones, en un sentido o en otro. Es urgente terminar con esta politización.

Podemos seguir con la lista de disfuncionalidades, entre las que no es menor la atañente a la organización territorial del Estado. La CE sólo pretendió descentralizar el Estado -‘acercar el poder al ciudadano’, se decía en la campaña del referéndum aprobatorio de la CE-, pero el político ha entendido -craso error- que podía levantar muros invisibles de privilegios, discriminaciones, regulaciones que implantan la desigualdad entre los españoles que viven en las diferentes Comunidades que componen España, e, incluso, en el paroxismo de la aberración, pretender la secesión. De este error hay que salir.

Ante todo este catálogo -incompleto- de perversiones que ha desfigurado el modelo constitucional de 1978, se ha levantado un justificado clamor que exige una pronta y necesaria regeneración de la vida pública española.

Hay quien piensa, erróneamente en mi opinión, que la causa de tanto disparate y desgracia pública proviene de una norma, la CE de 1978. Yo no lo entiendo así. Las normas, en principio, no son ni buenas ni malas. Quien las hace buenas o malas, útiles o nocivas para la sociedad, son los gobernantes con su aplicación recta o torcida. Desde 1982 cada Gobierno ha aportado su grano de arena -unos más, otros menos- hasta llegar al grado de degeneración pública que padecemos.

Hoy es aspiración de un amplio número de ciudadanos y Entidades de la sociedad civil, primero, exponer críticamente los pecados que nos han conducido a la presente postración; y, segundo, aportar ideas, propuestas y estudios para intentar enderezar la gobernación procurando reintroducir el tren de la política en las vías de la sensatez, la satisfacción del interés general y del respeto al Ordenamiento jurídico.

Ante la renuencia de los partidos políticos, es la hora de la sociedad civil.

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Autor: Redacción

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